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martes, 9 de septiembre de 2014

El campesino, en peligro de extinción en Paraguay, advierte experto

Fuente: dw.de

La apertura de Paraguay a los ‘agronegocios’ expulsa a indígenas y campesinos de sus tierras, comunidades al borde de la extinción, advierte Miguel Lovera, ex-presidente del Senave durante la gestión de Fernando Lugo.

Paraguay, uno de los países con la mayor desigualdad en la distribución de la tierra 
del mundo, ve desaparecer sus bosques autóctonos devorados por plantaciones de soja 
transgénica. La exponencial expansión de estos cultivos, que han convertido al país en sexto 
productor y cuarto exportador de soja del mundo, ha provocado una expulsión de 
comunidades indígenas y campesinas de sus tierras, al grado de que la agricultura 
tradicional, sello de identidad de la nación sudamericana, está al borde de la extinción. La 
tierra es la mayor fuente de riqueza del país, en manos de un puñado de latifundistas. 
Paradójicamente es en el campo donde se concentra la mayor pobreza.
El ingeniero agrónomo Miguel Lovera llegó a Alemania invitado por varias organizaciones para presentar un informe sobre el impacto sobre el cambio climático, medioambiental y socioeconómico que tiene el actual modelo de producción extensiva y de producción de soja. En abril de 2010 Lovera fue nombrado presidente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), durante la gestión del presidente Fernando Lugo. El ex-presidente intentó ‘meter en cintura' a las grandes trasnacionales involucradas en estos cultivos, y a esa razón se le atribuye el hecho de que fuera orquestada su destitución.
DW: ¿Cuál fue su experiencia al frente del Senave?
Miguel Lovera: Tenía a mi cargo la regulación de la producción agrícola, en cuanto a todo lo que implique insumos, semillas, prácticas agrícolas y en realidad lo que encontré al llegar al cargo fue un desacato casi total de la normativa vigente. Nos pusimos a hacer cumplir la ley. El pequeño productor independiente, que no está vinculado a las trasnacionales, se comportó de manera razonable y mostró voluntad en acatar la ley. No así aquellos dedicados a los agronegocios que trabajan en forma 'cartelizada', con mucha presión sobre las poblaciones y las autoridades locales y con un lobby muy efectivo y muy corrupto en las altas esferas del gobierno.
¿Cuál es la situación actual?
Es muy alarmante, existe un proceso de criminalización del reclamo campesino, de la lucha social, muy fuerte. La expansión de la frontera agropecuaria sigue pujante, expulsando a diario a familias campesinas que terminan deambulando por el país. El que tiene un poco de dinero en el bolsillo emigra, sale del país. La falta de apoyo al sector rural por parte del Estado y la expansión de los agronegocios ejercen una enorme presión. En este momento la población rural paraguaya es anciana. Son familias compuestas por ancianos y sus nietos porque la población joven, de entre 25 y 35 años han emigrado casi todos a Argentina y a las grandes ciudades.
¿Cual es el objetivo de la clase económica dominante que es en realidad la que gobierna el país?
Es una clase oligárquica caracterizada por el oportunismo. Viven y se benefician de un sistema feudal de control territorial y social. Paraguay no vive un capitalismo salvaje, Paraguay vive el salvajismo del feudalismo de siempre. Es gente que no piensa en realidad ni en el futuro de su predominio. Esa oligarquía arcaica está cavando su propia tumba al apostar por la ganancia a corto plazo. Está vendiendo las tierras que controla, está abriéndoles espacio a las multinacionales y a otros inversionistas que vienen a buscar oportunidades en el país. Al mismo tiempo la explotación de la gente, que siempre fue monopolio de esa clase, está pasando a otras manos. Se están abriendo empresas que emplearían parte de esa fuerza laboral con objetivos justamente de exportar todos los productos pero en un ámbito cerrado como la maquila.
¿Cómo funciona la maquila en Paraguay?
Los procesos de maquila venden en circuitos casi cerrados. Por ejemplo las grandes empresas automotrices de Brasil encargan la fabricación de partes o de piezas de recambio o componentes a empresas satélite que se instalan en Paraguay. La razón es porque Paraguay tiene un excedente de energía hidroeléctrica gigantesco, proveniente tanto de la represa hidroeléctrica de Itaipú como la de Yasyretá, que son dos empresas binacionales, Itaipú con Brasil, Yasyretá con Argentina, generadoras de energía hidroeléctrica. Brasil dio su palabra a la administración de Lugo de devolver gran parte de esa energía. En este momento Brasil está monopolizado el consumo y la devolución que hace consiste en destinar energía a empresas brasileñas asentadas en Paraguay que cumplen con los objetivos de desarrollo o de aumento de la producción. Todo queda en casa.
¿Es una relación asimétrica la de Paraguay con Brasil?
Las relaciones bilaterales con Brasil tienen un tinte casi anexionista. La economía del Brasil domina la economía paraguaya. La producción de soja en este momento está en un 80% en manos de ciudadanos brasileños y el 70% de la carne exportada por Paraguay tiene detrás a capitales brasileños. El predominio del capital brasileño llega a una situación de dominio casi total de la economía nacional.
El campesino en Paraguay, en riesgo de extinción.
¿Aunado a la carrera por los agronegocios?
Paraguay es parte de lo que Syngenta definió a mediados de la década del 2000, como ‘las repúblicas unidas de la soja'. La agroquímica multinacional hizo un mapa que iba desde el Río de la Plata, pasando por el sur de Bolivia, abarcaba todo Paraguay, tomaba gran parte del estado de Sao Paulo hasta Río Grande do Sul en Brasil, para después incluir a Uruguay y Argentina. Abarcaba unos 600.000 kilómetros cuadrados. Paraguay está en el centro y el 90% del valor de las exportaciones paraguayas corresponden justamente a soja y carne.
¿Qué impacto está teniendo todo esto en el país?
Es un momento muy difícil para Paraguay. No estamos hablando solamente de que la población rural está en una situación muy desventajosa. La propia identidad nacional del Paraguay está al borde de la extinción. Las últimas comunidades indígenas, y la población campesina se encuentran bajo tal presión que se encuentran a punto de desaparecer. La población económicamente activa que tendría que haber relevado a las generaciones mayores ya abandonó el campo. Se ha perdido la oportunidad de transmitir todos los conocimientos hábilmente de una generación a otra. El campo paraguayo está poblado por abuelitos y sus nietos. Eso implica que la diversidad de la producción ha bajado muchísimo. De ser un país productor de una gran variedad de alimentos y de manera históricamente autosuficiente y abundante el país ahora exporta casi el 60% de los alimentos de origen vegetal que produce. Es una situación muy problemática y el riesgo no es sólo la precariedad económica, sino que toda la propia identidad cultural paraguaya está en riesgo de extinción.
¿Qué beneficios, si es que hay alguno, ha dejado la apertura del país?
Se abrió el país de manera indiscriminada a la intervención de grandes capitales cuyo objetivo exclusivo es producir materia prima de exportación. Ni siquiera dejan suficientes impuestos o más bien nada. Cada dólar que se invierte en soja, deja 1 dólar con 90 centavos. Es un dinero que repatrían los productores. Es una apertura total que implica la explotación indiscriminada de los recursos en Paraguay, del suelo sobre todo. Los beneficios son para unos cuantos.
¿Adónde se destina la exportación de soja?
Esas exportaciones de soja se destinan al forraje animal en los grandes países industrializados que producen cantidades ingentes de productos lácteos, de aves y ganado menor. Eso se mantiene con piensos de un contenido fuerte de soja. Esta soja es en un 99% soja transgénica.

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miércoles, 6 de agosto de 2014

Hay un plan sistemático para matar dirigentes campesinos


“Hay un pacto tácito entre terratenientes y el sistema político judicial para dejar impunes las muertes de dirigentes campesinos”, sostiene el abogado Hugo Valiente, coordinador del informe Chokokue.
Familiarias y víctimas de la masacre de Curuguaty. Fuente: Qué paso en Curuguaty.
Hugo Valiente es el coordinador del mayor informe establecido hasta el momento sobre el asesinato de líderes campesinos y el esquema represivo sobre comunidades campesinas en el marco de la disputa por la tierra. Este viernes, 8 de Agosto, a las 19.00, en el Panteón de los Héroes, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay presentará el segundo informe, que amplía la documentación. Es un informe complementario al del 2007que arrojaba 77 ejecuciones extrajudiciales de dirigentes campesinos. El fenómeno avanzó  sobremanera hasta recogerse, con datos hasta el fin del gobierno de Federico Franco, 115 casos en total desde 1989.
¿Hugo, en el libro se sostiene que existe un plan sistemático de ejecución de dirigentes campesinos. Cuáles son los indicadores en que se apoya esta conclusión?
El patrón sustentado en el 2007 continuó. Ninguna de las recomendaciones hechas por la Coordinadora de Derechos Humanos fuer recogida por el Estado Paraguayo. En estos 25 años hay un patrón importante que se desarrolla sin corte. Existe un acuerdo tácito y explícito entre la clase terrateniente y la clase política en la utilización del terrorismo de Estrado contra las comunidades campesinas e indígenas. En la lucha por la tierra y el agua entre los ganaderos y los sojeros y la agricultura familiar.
-Cómo este pacto tácito pero evidente se expresa con los asesinatos?
Analizando los casos tienen elementos calcados uno de otros. Sicariato, bandas parapoliciales, detrás ganaderos, detrás sojeros, detrás políticos locales (si no son ellos mismos los terratenientes). Estos grupos tienen capturados al sistema judicial, absolutamente funcional a sus intereses.
-¿Se les mata y se dejan impunes los casos. Cómo es?
Sí. Los actos de negligencias, entre comillas negligencias, en la investigación fiscal son avalados por los políticos. Ningún caso denunciado ante el Jurado de Enjuciamiento de Magistrados prosperó. Hay un respaldo institucional. Un plan cerrado por todos lados. Acá hay un plan sistemático de ejecución. Ningún caso es aislado. Todos los casos responden a lugares donde se extiende la depredación de bosques, el avance de la agricultura empresarial. En estos territorios periódicamente se desarrollan desajolos violentos y asesinatos.
El dirigente Toto Lezcano, asesinado en febrero del 2013, pagó caro haberse opuesto a la sojización del asentamiento Arroyito.
El dirigente Toto Lezcano, asesinado en febrero del 2013, pagó caro haberse opuesto a la sojización del asentamiento Arroyito.
¿Se puede establecer un ciclo de mayor peligro para la comunidades y los líderes campesinos?
Sí, nos encontramos con que en períodos electorales bajan. Luego suben a mediado de los gobiernos cuando ya se estabiliza el poder.
¿Este ciclo se mantuvo durante el gobierno de Fernando Lugo?
Con el luguismo empieza a bajar el número de muertos hasta Marina Cue (la matanza de 11 campesinos y 6 policías). El patrón se vuelve mucho más represivo.
¿Tendremos más líderes campesinos muertos?
Sí, el fenómeno continuará. No existe indicador contrario, 

miércoles, 28 de mayo de 2014

Curuguaty: la masacre continúa

¿Todavía no sabés qué pasó en Curuguaty?

Delia Ramírez                                                           
El 15 de junio de 2012 ocurrió una masacre en Paraguay. El hecho no solo no fue esclarecido sino que está siendo utilizado para la criminalización de los sectores campesinos.
El caso conocido como la Masacre de Curuguaty o de Marina Kue fue un aberrante hecho ocurrido durante el desalojo en una comunidad en el departamento de Canindeyú, Paraguay el 15 de junio de 2012 en el que murieron en total 17 personas (11 campesinos 6 policías). Ese nada claro acontecimiento fue utilizado para desplazar al entonces presidente Fernando Lugo en un fugaz e ilegitimo “juicio político” y para intensificar una pertinaz campaña de criminalización y estigmatización sobre los campesinos que luchan por la tierra, en uno de los países más desiguales de América Latina. 

Luego de un largo proceso judicial poblado de vicios e irregularidades, el 9 de octubre del 2013 la jueza Janine Ríos, envió a juicio a doce campesinos y campesinas. Sin reparo alguno, y en clara connivencia con el fiscal Jalil Rachid, la jueza dio curso a una decisión que favorece a las oligarquías terratenientes del Paraguay, convierte a las víctimas en sospechosos criminales y sostiene un armado funcional a la expulsión del presidente constitucional. Los acusados son Juan Tillería, Alcides Ramírez, Luis Olmedo, Lucía Agüero, María Fani Olmedo, Dolores López, Rubén Villalba, Néstor Castro Benítez, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Felipe Benítez, Felipe Nery Urbina. El juicio oral y público está previsto para el 26 de junio de este año (casualmente coincide con la fecha del mundial). 

Ensañamiento y tortura psicológica


Todos los beneficios que en realidad son derechos de los campesinos, presos políticos, por este caso, han sido conquistas que se lograron luego de tres prolongadas huelgas de hambre. Este año, los cinco presos de Curuguaty que aún estaban en la prisión de Tacumbú (Asunción)  llegaron a 58 días de huelga de hambre exponiendo sus cuerpos a riesgo de muerte. Reclamaban dos cuestiones: que se aclare la situación de titularidad de las tierras de Marina Kue (lugar donde se produjo la masacre) y el beneficio del arresto domiciliario para los cinco reclusos.

En principio el tribunal emitió una sentencia el 9 de abril, denegando la solicitud de prisión domiciliaria para los cinco huelguistas del caso Curuguaty, mientras tanto el Ministerio de Justicia obtenía el amparo constitucional que le permitía brindar atención médica a los reclusos, cosa que despertó fuertes dudas sobre las intenciones del Ministerio de alimentar por la fuerza a los huelguistas, atropellando una vez más sus derechos básicos y fundamentales. Pocos días después, debido a la presión de organizaciones nacionales e internacionales, y frente al riesgo de muerte en el que se encontraban los huelguistas, el tribunal debió volver sobre lo dispuesto y conceder el arresto domiciliario a los cinco presos por la Masacre de Curuguaty. 

Pero, el 15 de abril, mientras se llevaban a los campesinos a sus domicilios, dispusieron, atropellando nuevamente la legalidad, el retorno del dirigente Rubén Villalba a la cárcel de Tacumbú. El Juez Carlos Goiburú, del Juzgado de Garantías, anunciaba cuando Villalba se encontraba a medio camino, que sería detenido nuevamente al llegar a su ciudad. Y así fue. Lo retuvieron y lo regresaron a la cárcel. Rubén Villalba está nuevamente preso y sobre él se monta un operativo de criminalización. Más allá de la validez o no de esas causas anteriores, no caben dudas de que se trata de un ensañamiento contra la figura de Rubén Villalba, que es un destacado dirigente campesino y también una operación de especulación para desarticular todas las medidas de protesta que se estaban llevando a cabo en la cárcel, en el Paraguay y en el mundo.

Esta actitud de la “justicia” que aparenta fuera de serie implica una tortura psicológica propia de la dictadura stronista cuyo principal modus operandi era capturar a una persona, torturarla, soltarla y volverla a detener hasta que la persona terminaba por exiliarse o se decidía su desaparición u ejecución.

Ahora, ¿quién es el juez que dispuso esta medida? Goiburú  es quien en el año 2005 concedió el beneficio de la usucapión* a la Familia Riquelme sobre tierras en las que todavía se encontraba ocupando la Marina hasta el año 2009. Se trata del mismo juez que ordena el desalojo y saqueo de la Comunidad Indígena Ava Guarani "Yva Poty", en noviembre de 2012 (en Canindeyu), para favorecer a un terrateniente brasilero. En esa oportunidad, la policía quemó las casas de los indígenas que tenían titulo de su propiedad sobre esas tierras en una comunidad que se autoabastecía totalmente. La policía destruyó casas, la escuela y las chacras frente a los ojos de niños y adultos de la comunidad. Días después Goiburú, frente al escándalo generado,  dijo que simplemente fue un "error" y pidió perdón aunque los daños materiales y psicológicos ya estaban hechos y nunca fueron reparados.

Carlos Goiburú ocupa hoy la escena, pero asimismo podemos reconstruir las corruptas biografías y trayectorias de cada uno de los “administradores de justicia” implicados en este caso empezando por el fiscal Jalil Rachid y la jueza Janine Ríos.

Marina Kue: tierra del Estado y objeto de la reforma agraria

Hasta el momento, prácticamente no se han producido avances sobre el tema de la titularidad de la tierra. Tal parece que para el poder judicial es preferible conceder el arresto domiciliario como medida sustitutiva, que decir la verdad sobre la naturaleza de las dos mil hectáreas de tierras de Marina Kue (en Curuguaty).  Si el delito por el que se los juzga es “invasión a la propiedad privada” ¿no debería aclararse primero que la propiedad no es privada? Sucede que si no hay propiedad privada, no hay invasión, no hay delito, no hay culpables, no hay presos. Pero por ahora las mafias necesitan que haya presos y en lo posible condenados para sostener un armado funcional a sus intereses políticos y económicos.

Es necesario entonces repasar la historia de esas tierras. En 1967 el terreno fue donado por una empresa al Estado paraguayo. Luego, el 4 de octubre de 2004, el Poder Ejecutivo Nacional emitió un decreto por el cual declaró las tierras de "interés social", con objeto de iniciar un proceso de reforma agraria. Blas Riquelme empezó entonces un juicio de usucapión y un juez corrupto sentenció que las tierras pertenecían al mencionado empresario, sin dar cabida al Estado.

La historia de concentración de las tierras en Paraguay es también la de la violación de los Derechos Humanos y, en ese contexto, la masacre de Curuguaty ocupa un capítulo especial y representa una herida abierta. La familia Riquelme aún hoy persiste en sus intenciones de quedarse con las tierras de la Marina Kue (que son del Estado y que están destinadas a la Reforma agraria) y de hecho ha plantado soja sobre esas tierras.

Actualmente se está llevando a cabo una campaña internacional contra el acaparamiento de tierras en Paraguay. En esa campaña se solicita al presidente Horacio Cartes para que resuelva el caso de la propiedad y tenencia de las tierras de Marina Kue y que se comprometa con los jóvenes de su país. Se puede firmar en el sitio: ver sitio

*La usucapión es un modo de adquirir la propiedad de un bien. Compete a aquella persona que mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley ha poseído un bien inmueble, se ejerce contra quien aparezca como propietario de esos bienes en el Registro Público de la Propiedad, con el fin de que se declare que se ha consumado y que ha adquirido por prescripción la propiedad del inmueble reclamado.

Fuentes:
Leguizamón, D y Valiente, H, 2013, ¿Por qué la acusación en el Caso Marina Kue no puede garantizar un juicio justo? - acceder 

“Informe Chokokue, Ejecuciones y desapariciones en la lucha por la tierra en Paraguay (1989-2005)”, CODEHUPY (2007) - acceder

“Informe de DDHH sobre el caso Marina Kue”, CODEHUPY (2012). Paraguay. - acceder

“Informe sobre el caso Curuguaty”. Plataforma de Estudios e investigación de conflictos campesinos, 2012. Paraguay.
- See more at: http://www.zur.org.uy/content/%C2%BFtodav%C3%ADa-no-sab%C3%A9s-qu%C3%A9-pas%C3%B3-en-curuguaty#sthash.BX2NjVOK.BWKpKq0z.dpuf

lunes, 28 de abril de 2014

Política, Políticos y matemáticas en el Paraguay

 DFoto arriba: Fuente: TSJE


Nota: Enrique Ramón Galeano

En las últimas elecciones generales, estaban habilitadas 3.516.275 VOTANTES (entre éstos hay que “descontar” personas muertas y los que no están en el país, pero que siguen figurando en el padrón, como es mi caso). Notemos que la Dirección General de Estadísticas Estudios y Censos (DGEEC) “dice” que la población paraguaya es de 6.672.517 personas, incluidos extranjeros. La diferencia entre votantes habilitados y los que votaron es de 1.124.485. Pregunto: ¿Cuántos paraguayos, habilitados para votar viven en el exterior? Si comparamos las cifras, encontramos que en Paraguay no hay ABSTENCION, lo que hay es AUSENTISMO.
Cuando los medios hablan de AUSENTISMO no especifican el porqué de la mayoría de ese ausentismo (que no es lo mismo que abstención, repito).
Esas personas ausentes, no importa el porqué, (descontando a los muertos, por supuesto) son gentes que deberían haber votado, caso las cosas se hubieran hecho bien con los migrantes paraguayos, pero eso es harina de otro costal.
Por dónde, y desde dónde, se los miren a estas cifras, resultan dudosas, hay cosas que no cuadran. Pero para entender este tema solo hay que considerar dos cosas, los censos en el Paraguay nunca fueron, ni nunca serán ni verídicos ni, mucho menos, exactos, pues éstos, así como las inscripciones en Registro Electoral, se hacen a la bartola. Para peor, en época de votaciones el oficialismo, o el que tenga más plata y poder, suele “hacer desaparecer inscriptos”, por tanto, aquí las cifras no cuentan en realidad, no sé si me explico.
Pero todo este preámbulo es para explicarle a la gente, fanática a Cartes, que el actual Presidente de la República del Paraguay, no fue “electo por el pueblo”, fue votado por 1/6 (una sexta) parte de toda la población paraguaya y por 1/3 (un tercio, y un piquito más) de votantes habilitados. Estos datos, sumados a que Horacio Cartes “COMPRO la ANR” con todos sus dirigentes, para acceder al poder, tenemos que Cartes accedió al poder por medios totalmente oscuros y con fines mucho más oscuros todavía y sin anuencia de la gran mayoría del pueblo paraguayo.
La otra pregunta que paria en el aire es ¿Porqué no esperaron que Lugo terminara su mandato, para llegar ellos al poder por medios un poco menos macabros? ¿Había necesidad de montar todo el circo de Curuguaty, un circo sangriento, por cierto, para sacarlo a Lugo? Si había, porque Federico Franco quería el poder, aunque más no sea por un pequeño tiempo, para hacer de las suyas y pavonearse de su figura de Presidente de la República, aún a costa de muertes inocentes. Además si Lugo terminaba su mandato, lo que iba a hacer era sacarle las tierras a los sojeros y a los narco – ganaderos y eso era mal negocio para todos, había que frenar eso de todos modos. Las muertes, los apresamientos, los escándalos internacionales, eran “efectos colaterales” que después se pensaría cómo arreglar, pero Lugo tenía que caer, y ése plan estaba diseñado desde el mismo día que asumió la Presidencia de la República.

Piensen en todo esto y saquen sus propias conclusiones

domingo, 2 de diciembre de 2012

El Narco Gobierno paraguayo y sus desmanes


De Mirtha Ayala

Otra victima del conglomerado narco-politico-empresarial instalado en el pais.
Vidal Vega, dirigente campesino de Curuguaty, cae acribillado por sicarios.
En la madrugada del sábado, dos sicarios asesinaron al dirigente campesino Vidal Vega integrante de la CNOCIP, de la Comisión Sin Tierra de Naranja Ty (Yvy Pytâ, distrito de Curuguaty), y de la Comisión de Víctimas de la masacre del 15 de junio en Marina Cue. Organizaciones en lucha por la recuperacion de las tierras usurpadas, el esclarecimiento de los crimenes ligados a las luchas campesinas y la indemnización de las familias.

Vega era responsable de las gestiones para la recuperación de las tierras de Marina Cue, se encontraba realizando los trámites y las denuncias pertinentes al caso.
Las tierras de Marina Cue son tierras públicas malhabidas, ocupadas por Blas N. Riquelme con su empresa Campos Morombí. En las mismas se desató la masacre de Curuguaty del 15 de junio, que dejó el saldo de 17 muertos, policías y campesinos y fue utilizado como pretexto para el golpe parlamentario que destituyo al presidente Lugo.

Desde la Comisión de Víctimas de la Masacre, a la par de las gestiones por la recuperación de las tierras, Vega se encontraba trabajando por la indemnización de los familiares de las víctimas y por el esclarecimiento del caso.

Para ello, Vega y la comunidad habían realizado una serie de movilizaciones y gestiones ante diversas instituciones y se encontraban trabajando con los equipos de investigadores que desarrollan una tarea paralela a la investigación oficial, “plagada de irregularidades”, segun todos los indicios denunciados.

Los hechos: dos sicarios, 26 perdigones
Los sicarios sorprendieron a Vidal a las 4:45 hs del sábado 01 de diciembre. Vidal y su esposa se encontraban tomando mate, cuando dos personas se acercan a la casa y una de ellas -con sombrero- pregunta por él a su esposa. Cuando Vidal sale a recibir a las personas, es directamente acribillado, recibiendo 26 perdigones en boca, torax, piernas, y cae fulminado.

La esposa de Vidal llamó a la policía, quien aprehendió en el camino a uno de los implicados, identificado por la señora como la persona que preguntó por Vidal en su casa. El segundo implicado sigue prófugo.

“Es la continuación de la Masacre de Marina Cue”.
Compañeros de organización y vecinos de la zona sostuvieron que el asesinato de Vidal es la continuación de la masacre de Curuguaty. Lo relacionan a las acciones de los grupos que se encuentran intentando frenar el esclarecimiento de los hechos de la matanza del 15 de junio, así como la recuperación de tierras malhabidas.

El velorio se realiza desde el sábado a la tarde, siendo el entierro el domingo 02 de diciembre de mañana en la localidad de Yvy Pytâ, distrito de Curuguaty.

martes, 27 de noviembre de 2012

Qué más hay detrás de la masacre de Curuguaty?


¿Por qué el terror a las mensuras?

POR  ⋅
La  vino a reconfirmar que el problema en el campo tiene un motor fundamental: el origen de la gran propiedad rural en el Paraguay es esencialmente fraudulento.

Impugnación de la Contraloría contra la cesión de tierras fiscales a la empresa Campos Morombí.

La masacre de Curuguaty, ocurrida durante un irregular procedimiento en una propiedad del Estado ocupada por el empresario colorado Blas N. Riquelme y que sirvió como coartada para deponer al presidente Fernando Lugo, muestra a las claras el drama de las .
En primer lugar tal procedimiento no correspondía, pues la propiedad se hallaba en litigio y existía de por medio una impugnación de la Procuraduría General de la República por la transferencia de tierras del  a personas no sujetas a la reforma agraria.
La acción ordinaria de impugnación fue presentada por el procurador adjunto Abog. Juan Vicente Talavera y refiere que en fecha 6 de noviembre de 1974 el escribano público Rodolfo Scolari, socio y miembro del directorio de Campos Morombí, adquirió 1.175 hectáreas (finca Nº 258) del entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR), en la actualidad Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Luego de 5 meses este transfiere las tierras a favor de Blas N. Riquelme, acto totalmente nulo, pues se realizó contraviniendo los requisitos para ser beneficiado con tierras de la reforma agraria.
El mejor amigo de un colorado… otro colorado
Ahora bien, uno de los roles más cuestionados en la investigación oficial lo ejerce el fiscal de la causa Jalil Rachid. La afiliación colorada de Rachid genera dudas insalvables sobre su imparcialidad al estar vinculado políticamente con una de las partes y dirigir la causa exclusivamente contra los campesinos.
El padre del agente, el exsenador colorado Bader Rachid Lichi (usurpador también de tierras fiscales), fue amigo y correligionario del fallecido Blas N. Riquelme.
En la auditoría al Indert realizada en el transcurso del año 2004, y presentada al año siguiente por el Econ. Alberto Cabrera Villalba, auditor general del Poder Ejecutivo, aparece como poseedor irregular de tierras  fiscales Bader Rachid Lichi, con 19 hectáreas, pero que no son nada con relación a las 1.498 hectáreas en Santa Rosa, Misiones, que reporta el informe de la Comisión de Verdad y Justicia.
Otros hechos detectados son casos de beneficiarios cuyos expedientes no obran en la institución, como el actual ministro de Industria y Comercio, Francisco José Rivas, y el abogado de los Stroessner, diputado, cónsul  y director de la cárcel de Tacumbú en la época de la dictadura, Hiran Delgado Von Lepel, con 4.660 hectáreas.
Otros poseedores irregulares que figuran en la lista, en este caso por no contar con los documentos requeridos para ser adjudicado con tierras públicas (certificado de buena conducta, constancia de ser agricultor, de no haber sido adjudicado anteriormente, formulario de solicitud de compra de lotes, no realización de mensura administrativa, informe de catastro, recibos de pago, no correspondencia de datos en cuanto a extensión de propiedades), son el senador colorado Lucio Vergara, los diputados colorados José Chamorro y Juan José Vázquez, el diputado liberal Luis Carlos Neuman, entre otros ya fallecidos como el hijo del exdictador, Alfredo Stroessner Mora, el empresario Humberto Domínguez Dibb, el primer director paraguayo de Itaipú Enzo Debernardi y hasta el exdictador nicaragüense Anastacio Somoza.
Aunque parezca un pleonasmo, es preciso reiterar que el sistema de propiedad que rige actualmente en el Paraguay es heredero directo de la tiranía stronista, así como lo es también la mascarada de la transición colorada iniciada con Andrés Rodríguez, otro gran beneficiado con el reparto de tierras públicas durante el régimen que él “derrocó”. Su caso salta a raíz de que hay una diferencia en la extensión de tierras que registra el sistema de consulta del IBR y las confirmadas por el Registro General de Propiedades.
, “el sufrido sojero a quien no le dejan trabajar”
Todos los datos anteriormente expuestos hay que estimarlos a la baja. Por ejemplo, la intervención al Indert realizada este 2012, a cargo de Emilio Camacho, trata el caso del sojero brasilero Tranquilo Favero remitiéndose solo a las propiedades fiscales que usurpa en el Chaco, sin hacer mención a la Región Oriental, donde se desarrolla el grueso del cultivo de soja, principalmente en Alto Paraná y Canindeyú.
Propiedad del Indert invadida por la empresa Toro Blanco en Mariscal Estigarribia. Fuente: Informe final de intervención al Indert 2012.
“Uno de los principales hallazgos de esta intervención es el caso de apropiación de tierras que fueron del Indert por parte de la empresa Toro Blanco. En fecha de 30 de diciembre del 2005, mediante escritura pública N° 99, unas 6 propiedades vendidas por el Indert a supuestos beneficiarios, que totalizan 37.500 ha, son transferidas como aporte de capitalización de Nezildo Marini acompañado de su esposa Odila Favero más sus dos hijos, para la empresa Toro Blanco S.A. por un monto de 5 mil millones de guaraníes”, refiere el documento.
A renglón seguido especifica que la operación se llevó a cabo el 30 de diciembre de 2005, cuando ya estaba en vigencia la ley 2.532 de seguridad fronteriza, que prohíbe la adquisición de inmuebles ubicados en la frontera por parte de personas de países limítrofes, y apenas días después de la constitución de la empresa, realizada en fecha 12 de diciembre de ese año, aparentemente con el solo fin de estafar al Estado. Estos hechos son totalmente nulos y el Estado debe proceder a recuperar esas propiedades adquiridas ilegalmente por empresas privadas.
Otras 134.453 hectáreas están en poder de Campobello SA y Santa Catalina, ambas de Tranquilo Favero. La primera con 66.000 hectáreas y la segunda con 68.453. “Estas tierras se ubican en las colonias Ñane Reta y Ñane Mba’e del INDERT y la estancia La Patria del MAG, en el departamento de Boquerón. De ellas, unas 50.000 hectáreas se hallan en la Zona de Seguridad Fronteriza”, precisa el informe.
“Estos dos casos relatados, de apropiación de tierras del INDERT por parte de las empresas Toro Blanco con 37.500 ha., Ganadera Campobello y Ganadera Forestal Santa Catalina con 134.453 ha., corresponderían al mismo grupo empresarial, quienes en la actualidad poseerían un total de 171.953 ha en el Chaco”, añade.
El ministro sin tierra
Sindulfo Blanco, ministro de la Corte (internet).
Otro “humilde campesino” beneficiado con tierras del Estado es el ministro de la Corte Sindulfo Blanco.
“Se constató que el 2 de marzo de 1987, bajo la presidencia de Juan Manuel Frutos, fue finiquitado el título de propiedad N° 132.972 sobre el lote 155 B de 2.500 ha. como Finca N° 12.644, padrón N° 564 a nombre de Sindulfo Blanco, actual miembro de la Corte Suprema de Justicia, y en la misma fecha fue expedido otro título con el N° 132.973 por el lote 155 A con una superficie de 2.500 ha., pero éste último no fue finiquitado. Dichos títulos se refieren a dos lotes, ubicados en la Colonia Ñane Mba’e, distrito de Gral. E. Garay, departamento de Boquerón.
La intervención de la Oficina Chaco, argumenta que en ese entonces, Sindulfo Blanco no reunía los requisitos para ser beneficiario de la reforma agraria, por lo tanto no se le podía haber expedido 2 títulos” (sic).
Es por todo esto, y sin duda por mucho más, que las cúpulas de los partidos tradicionales y las agroganaderas sienten terror cuando apenas se habla de mensura judicial. Si fueron capaces de montar un circo romano para voltear a un gobierno que hizo tímidos intentos por investigar las propiedades de origen dudoso, cabe inferir que estarían muy bien dispuestos a hacer llegar nuevamente la sangre al río.
El  está afiliado al . El agente es acusado de tener vínculos con una de las partes y de llevar el caso con parcialidad manifiesta.















El diputado liberal Luis Carlos Neuman, el diputado colorado José Chamorro, Alfredo Stroessner Mora, entre los ocupantes de terrenos fiscales. Fuente: Auditoría al IBR/Indert 2005.




















El exdictador nicaragüense Anastacio Somoza, el ministro de Industria y Comercio Francisco José Rivas, entre los beneficiados por la “reforma agraria” stronista. Esta lista corresponde a los expedientes de beneficiados solicitados en la fecha señalada por la auditoría y que no fueron proveídos. Fuente: Auditoría al IBR/Indert 2005.          


El diputado colorado Juan José Vázquez, el exsenador colorado Bader Rachid Lichi, entre otros, recibieron tierras del IBR. Fuente: Auditoría al IBR/Indert 2005.




















En las tierras del IBR en poder del senador colorado Lucio Vergara Ríos y Bader Rachid Lichi no se realizaron mensuras administrativas. Aparecen otros nombres como el del fallecido Humberto Domínguez Dibb. Fuente: Auditoría al IBR/Indert 2005.
Segunda parte del Tomo IV del informe de la Comisión de Verdad y Justicia sobre tierras malhabidas, en el que se consigna que Bader Rachid Lichi (pág. 69) y Andrés Rodríguez (pág. 71) fueron adjudicados con tierras de la reforma agraria.
Informe final de la intervención al Indert 2012, en el que consta que el sojero Tranquilo Favero y el ministro de la Corte Sindulfo Blanco ocupan terrenos fiscales.
Fuente: documento de trabajo del equipo de investigación del Juicio Ético al Parlamento.

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