¿Todavía no sabés qué pasó en Curuguaty?
Delia Ramírez
El 15 de junio de 2012 ocurrió una masacre en Paraguay. El hecho no solo no fue esclarecido sino que está siendo utilizado para la criminalización de los sectores campesinos.
El caso conocido como la Masacre de Curuguaty o de Marina Kue fue un aberrante hecho ocurrido durante el desalojo en una comunidad en el departamento de Canindeyú, Paraguay el 15 de junio de 2012 en el que murieron en total 17 personas (11 campesinos 6 policías). Ese nada claro acontecimiento fue utilizado para desplazar al entonces presidente Fernando Lugo en un fugaz e ilegitimo “juicio político” y para intensificar una pertinaz campaña de criminalización y estigmatización sobre los campesinos que luchan por la tierra, en uno de los países más desiguales de América Latina.
Luego de un largo proceso judicial poblado de vicios e irregularidades, el 9 de octubre del 2013 la jueza Janine Ríos, envió a juicio a doce campesinos y campesinas. Sin reparo alguno, y en clara connivencia con el fiscal Jalil Rachid, la jueza dio curso a una decisión que favorece a las oligarquías terratenientes del Paraguay, convierte a las víctimas en sospechosos criminales y sostiene un armado funcional a la expulsión del presidente constitucional. Los acusados son Juan Tillería, Alcides Ramírez, Luis Olmedo, Lucía Agüero, María Fani Olmedo, Dolores López, Rubén Villalba, Néstor Castro Benítez, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Felipe Benítez, Felipe Nery Urbina. El juicio oral y público está previsto para el 26 de junio de este año (casualmente coincide con la fecha del mundial).
Ensañamiento y tortura psicológica
Todos los beneficios que en realidad son derechos de los campesinos, presos políticos, por este caso, han sido conquistas que se lograron luego de tres prolongadas huelgas de hambre. Este año, los cinco presos de Curuguaty que aún estaban en la prisión de Tacumbú (Asunción) llegaron a 58 días de huelga de hambre exponiendo sus cuerpos a riesgo de muerte. Reclamaban dos cuestiones: que se aclare la situación de titularidad de las tierras de Marina Kue (lugar donde se produjo la masacre) y el beneficio del arresto domiciliario para los cinco reclusos.
En principio el tribunal emitió una sentencia el 9 de abril, denegando la solicitud de prisión domiciliaria para los cinco huelguistas del caso Curuguaty, mientras tanto el Ministerio de Justicia obtenía el amparo constitucional que le permitía brindar atención médica a los reclusos, cosa que despertó fuertes dudas sobre las intenciones del Ministerio de alimentar por la fuerza a los huelguistas, atropellando una vez más sus derechos básicos y fundamentales. Pocos días después, debido a la presión de organizaciones nacionales e internacionales, y frente al riesgo de muerte en el que se encontraban los huelguistas, el tribunal debió volver sobre lo dispuesto y conceder el arresto domiciliario a los cinco presos por la Masacre de Curuguaty.
Pero, el 15 de abril, mientras se llevaban a los campesinos a sus domicilios, dispusieron, atropellando nuevamente la legalidad, el retorno del dirigente Rubén Villalba a la cárcel de Tacumbú. El Juez Carlos Goiburú, del Juzgado de Garantías, anunciaba cuando Villalba se encontraba a medio camino, que sería detenido nuevamente al llegar a su ciudad. Y así fue. Lo retuvieron y lo regresaron a la cárcel. Rubén Villalba está nuevamente preso y sobre él se monta un operativo de criminalización. Más allá de la validez o no de esas causas anteriores, no caben dudas de que se trata de un ensañamiento contra la figura de Rubén Villalba, que es un destacado dirigente campesino y también una operación de especulación para desarticular todas las medidas de protesta que se estaban llevando a cabo en la cárcel, en el Paraguay y en el mundo.
Esta actitud de la “justicia” que aparenta fuera de serie implica una tortura psicológica propia de la dictadura stronista cuyo principal modus operandi era capturar a una persona, torturarla, soltarla y volverla a detener hasta que la persona terminaba por exiliarse o se decidía su desaparición u ejecución.
Ahora, ¿quién es el juez que dispuso esta medida? Goiburú es quien en el año 2005 concedió el beneficio de la usucapión* a la Familia Riquelme sobre tierras en las que todavía se encontraba ocupando la Marina hasta el año 2009. Se trata del mismo juez que ordena el desalojo y saqueo de la Comunidad Indígena Ava Guarani "Yva Poty", en noviembre de 2012 (en Canindeyu), para favorecer a un terrateniente brasilero. En esa oportunidad, la policía quemó las casas de los indígenas que tenían titulo de su propiedad sobre esas tierras en una comunidad que se autoabastecía totalmente. La policía destruyó casas, la escuela y las chacras frente a los ojos de niños y adultos de la comunidad. Días después Goiburú, frente al escándalo generado, dijo que simplemente fue un "error" y pidió perdón aunque los daños materiales y psicológicos ya estaban hechos y nunca fueron reparados.
Carlos Goiburú ocupa hoy la escena, pero asimismo podemos reconstruir las corruptas biografías y trayectorias de cada uno de los “administradores de justicia” implicados en este caso empezando por el fiscal Jalil Rachid y la jueza Janine Ríos.
Marina Kue: tierra del Estado y objeto de la reforma agraria
Hasta el momento, prácticamente no se han producido avances sobre el tema de la titularidad de la tierra. Tal parece que para el poder judicial es preferible conceder el arresto domiciliario como medida sustitutiva, que decir la verdad sobre la naturaleza de las dos mil hectáreas de tierras de Marina Kue (en Curuguaty). Si el delito por el que se los juzga es “invasión a la propiedad privada” ¿no debería aclararse primero que la propiedad no es privada? Sucede que si no hay propiedad privada, no hay invasión, no hay delito, no hay culpables, no hay presos. Pero por ahora las mafias necesitan que haya presos y en lo posible condenados para sostener un armado funcional a sus intereses políticos y económicos.
Es necesario entonces repasar la historia de esas tierras. En 1967 el terreno fue donado por una empresa al Estado paraguayo. Luego, el 4 de octubre de 2004, el Poder Ejecutivo Nacional emitió un decreto por el cual declaró las tierras de "interés social", con objeto de iniciar un proceso de reforma agraria. Blas Riquelme empezó entonces un juicio de usucapión y un juez corrupto sentenció que las tierras pertenecían al mencionado empresario, sin dar cabida al Estado.
La historia de concentración de las tierras en Paraguay es también la de la violación de los Derechos Humanos y, en ese contexto, la masacre de Curuguaty ocupa un capítulo especial y representa una herida abierta. La familia Riquelme aún hoy persiste en sus intenciones de quedarse con las tierras de la Marina Kue (que son del Estado y que están destinadas a la Reforma agraria) y de hecho ha plantado soja sobre esas tierras.
Actualmente se está llevando a cabo una campaña internacional contra el acaparamiento de tierras en Paraguay. En esa campaña se solicita al presidente Horacio Cartes para que resuelva el caso de la propiedad y tenencia de las tierras de Marina Kue y que se comprometa con los jóvenes de su país. Se puede firmar en el sitio: ver sitio
Luego de un largo proceso judicial poblado de vicios e irregularidades, el 9 de octubre del 2013 la jueza Janine Ríos, envió a juicio a doce campesinos y campesinas. Sin reparo alguno, y en clara connivencia con el fiscal Jalil Rachid, la jueza dio curso a una decisión que favorece a las oligarquías terratenientes del Paraguay, convierte a las víctimas en sospechosos criminales y sostiene un armado funcional a la expulsión del presidente constitucional. Los acusados son Juan Tillería, Alcides Ramírez, Luis Olmedo, Lucía Agüero, María Fani Olmedo, Dolores López, Rubén Villalba, Néstor Castro Benítez, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Felipe Benítez, Felipe Nery Urbina. El juicio oral y público está previsto para el 26 de junio de este año (casualmente coincide con la fecha del mundial).
Ensañamiento y tortura psicológica
Todos los beneficios que en realidad son derechos de los campesinos, presos políticos, por este caso, han sido conquistas que se lograron luego de tres prolongadas huelgas de hambre. Este año, los cinco presos de Curuguaty que aún estaban en la prisión de Tacumbú (Asunción) llegaron a 58 días de huelga de hambre exponiendo sus cuerpos a riesgo de muerte. Reclamaban dos cuestiones: que se aclare la situación de titularidad de las tierras de Marina Kue (lugar donde se produjo la masacre) y el beneficio del arresto domiciliario para los cinco reclusos.
En principio el tribunal emitió una sentencia el 9 de abril, denegando la solicitud de prisión domiciliaria para los cinco huelguistas del caso Curuguaty, mientras tanto el Ministerio de Justicia obtenía el amparo constitucional que le permitía brindar atención médica a los reclusos, cosa que despertó fuertes dudas sobre las intenciones del Ministerio de alimentar por la fuerza a los huelguistas, atropellando una vez más sus derechos básicos y fundamentales. Pocos días después, debido a la presión de organizaciones nacionales e internacionales, y frente al riesgo de muerte en el que se encontraban los huelguistas, el tribunal debió volver sobre lo dispuesto y conceder el arresto domiciliario a los cinco presos por la Masacre de Curuguaty.
Pero, el 15 de abril, mientras se llevaban a los campesinos a sus domicilios, dispusieron, atropellando nuevamente la legalidad, el retorno del dirigente Rubén Villalba a la cárcel de Tacumbú. El Juez Carlos Goiburú, del Juzgado de Garantías, anunciaba cuando Villalba se encontraba a medio camino, que sería detenido nuevamente al llegar a su ciudad. Y así fue. Lo retuvieron y lo regresaron a la cárcel. Rubén Villalba está nuevamente preso y sobre él se monta un operativo de criminalización. Más allá de la validez o no de esas causas anteriores, no caben dudas de que se trata de un ensañamiento contra la figura de Rubén Villalba, que es un destacado dirigente campesino y también una operación de especulación para desarticular todas las medidas de protesta que se estaban llevando a cabo en la cárcel, en el Paraguay y en el mundo.
Esta actitud de la “justicia” que aparenta fuera de serie implica una tortura psicológica propia de la dictadura stronista cuyo principal modus operandi era capturar a una persona, torturarla, soltarla y volverla a detener hasta que la persona terminaba por exiliarse o se decidía su desaparición u ejecución.
Ahora, ¿quién es el juez que dispuso esta medida? Goiburú es quien en el año 2005 concedió el beneficio de la usucapión* a la Familia Riquelme sobre tierras en las que todavía se encontraba ocupando la Marina hasta el año 2009. Se trata del mismo juez que ordena el desalojo y saqueo de la Comunidad Indígena Ava Guarani "Yva Poty", en noviembre de 2012 (en Canindeyu), para favorecer a un terrateniente brasilero. En esa oportunidad, la policía quemó las casas de los indígenas que tenían titulo de su propiedad sobre esas tierras en una comunidad que se autoabastecía totalmente. La policía destruyó casas, la escuela y las chacras frente a los ojos de niños y adultos de la comunidad. Días después Goiburú, frente al escándalo generado, dijo que simplemente fue un "error" y pidió perdón aunque los daños materiales y psicológicos ya estaban hechos y nunca fueron reparados.
Carlos Goiburú ocupa hoy la escena, pero asimismo podemos reconstruir las corruptas biografías y trayectorias de cada uno de los “administradores de justicia” implicados en este caso empezando por el fiscal Jalil Rachid y la jueza Janine Ríos.
Marina Kue: tierra del Estado y objeto de la reforma agraria
Hasta el momento, prácticamente no se han producido avances sobre el tema de la titularidad de la tierra. Tal parece que para el poder judicial es preferible conceder el arresto domiciliario como medida sustitutiva, que decir la verdad sobre la naturaleza de las dos mil hectáreas de tierras de Marina Kue (en Curuguaty). Si el delito por el que se los juzga es “invasión a la propiedad privada” ¿no debería aclararse primero que la propiedad no es privada? Sucede que si no hay propiedad privada, no hay invasión, no hay delito, no hay culpables, no hay presos. Pero por ahora las mafias necesitan que haya presos y en lo posible condenados para sostener un armado funcional a sus intereses políticos y económicos.
Es necesario entonces repasar la historia de esas tierras. En 1967 el terreno fue donado por una empresa al Estado paraguayo. Luego, el 4 de octubre de 2004, el Poder Ejecutivo Nacional emitió un decreto por el cual declaró las tierras de "interés social", con objeto de iniciar un proceso de reforma agraria. Blas Riquelme empezó entonces un juicio de usucapión y un juez corrupto sentenció que las tierras pertenecían al mencionado empresario, sin dar cabida al Estado.
La historia de concentración de las tierras en Paraguay es también la de la violación de los Derechos Humanos y, en ese contexto, la masacre de Curuguaty ocupa un capítulo especial y representa una herida abierta. La familia Riquelme aún hoy persiste en sus intenciones de quedarse con las tierras de la Marina Kue (que son del Estado y que están destinadas a la Reforma agraria) y de hecho ha plantado soja sobre esas tierras.
Actualmente se está llevando a cabo una campaña internacional contra el acaparamiento de tierras en Paraguay. En esa campaña se solicita al presidente Horacio Cartes para que resuelva el caso de la propiedad y tenencia de las tierras de Marina Kue y que se comprometa con los jóvenes de su país. Se puede firmar en el sitio: ver sitio
*La usucapión es un modo de adquirir la propiedad de un bien. Compete a aquella persona que mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley ha poseído un bien inmueble, se ejerce contra quien aparezca como propietario de esos bienes en el Registro Público de la Propiedad, con el fin de que se declare que se ha consumado y que ha adquirido por prescripción la propiedad del inmueble reclamado.
Fuentes:
Leguizamón, D y Valiente, H, 2013, ¿Por qué la acusación en el Caso Marina Kue no puede garantizar un juicio justo? - acceder
“Informe Chokokue, Ejecuciones y desapariciones en la lucha por la tierra en Paraguay (1989-2005)”, CODEHUPY (2007) - acceder
“Informe de DDHH sobre el caso Marina Kue”, CODEHUPY (2012). Paraguay. - acceder
“Informe sobre el caso Curuguaty”. Plataforma de Estudios e investigación de conflictos campesinos, 2012. Paraguay.
“Informe Chokokue, Ejecuciones y desapariciones en la lucha por la tierra en Paraguay (1989-2005)”, CODEHUPY (2007) - acceder
“Informe de DDHH sobre el caso Marina Kue”, CODEHUPY (2012). Paraguay. - acceder
“Informe sobre el caso Curuguaty”. Plataforma de Estudios e investigación de conflictos campesinos, 2012. Paraguay.
