La historia de los
movimientos sociales del país debería registrar como un día histórico el 9 de
octubre de 2011. En esta fecha un nuevo actor social irrumpe en el escenario
con una doble conquista: por un lado, la recuperación de la ciudadanía para los
paraguayos y paraguayas que viven fuera de las fronteras y por otra parte,
obtienen dicho derecho estrenando un mecanismo constitucional de democracia
directa y participativa: el referéndum.
Con lo cual, fue el propio pueblo paraguayo
el que restituyó su ciudadanía plena a sus compatriotas del exterior.
Sin embargo, la euforia
de la victoria y la conquista del derecho al voto de 2011, nos duró poco a las
organizaciones de paraguayos en el exterior. El entramado prebendario de los
partidos tradicionales, que controla el Congreso y la Justicia Electoral,
esperaba agazapado luego de la aprobación de la enmienda constitucional,
para convertir la conquista en un botín de guerra a repartirse entre los mismos
actores políticos de siempre y frenar el riesgo que ese nuevo electorado se
sume al proceso de renovación política que estaba en curso en el país desde el
2008, proceso en el que las organizaciones migrantes participaban y reforzaban.
El boicot a la
participación política de los paraguayos y paraguayas en el exterior:
El Parlamento y la Justicia electoral eran
los actores operativos para minimizar el impacto del voto migrante en las
elecciones de abril de 2013. Las instancias mencionadas, ampliamente dominadas
por partidos tradicionales, tenían dos objetivos concretos que se fueron
clarificando con el tiempo y que siguen vigentes:
1) Controlar y
cooptar la dirigencia de las principales organizaciones migrantes y mantenerlas
bajo su tutela y así evitar que el descontento del emigrante pudiese,
eventualmente, expresarse en las urnas y reducir dicho voto a su mínima
expresión.
2) Utilizar la
apertura de elecciones en el exterior, como un medio para succionar recursos
del estado, para pagar operadores políticos en un año electoral. Este
objetivo completa el primero, ya que con una parte de los recursos pretendían
comprar sectores de la dirigencia de las organizaciones migrantes (ofreciendo
pequeños salarios como inscriptores, cargos públicos o prebendas diversas y
variadas).
En términos prácticos esto se traducía en
acciones concretas:
a)
La Justicia Electoral solicitaba una multimillonaria ampliación presupuestaria
pretextando abrir las inscripciones en el exterior, sin tener siquiera un marco
jurídico adecuado y todavía menos una planificación coherente y concertada para
realizar dicho trabajo[1].
b)
El Congreso debía aprobar la ampliación presupuestaria solicitada, pero no
hacía nada para adecuar la legislación y reglamentar el derecho al voto a pesar
de sendas propuestas elaboradas por organizaciones de paraguayos en el
exterior. Con lo cual, todo se encaminaba a la repartija de dinero público,
pero con magros resultados en términos de inscripciones en los padrones. Las
inscripciones en el exterior solo servirían de coartada para la repartija y el
TSJE ya tenía la excusa preparada para justificar su ineficacia: “el desinterés
de la gente y la falta de apoyo de las organizaciones en el exterior”[2].
Las organizaciones migrantes analizamos
aquel pedido de ampliación presupuestaria enviado al Congreso por el Tribunal
Superior de Justicia Electoral y descubrimos asqueados que 2/3 de dicho pedido
sería utilizado en solo dos rubros:
a) viático y movilidad
b) Publicidad y propaganda.
Es decir, de un total de 65 mil millones de
guaraníes solicitados, 45 mil millones serían utilizados en los rubros
mencionados. Lo cual equivalía a decir, que dicho monto sería utilizado para
pagar a la prensa comercial “amiga” (muy útil en un año electoral) y para
ofrecer costosos viajes con viático pago a funcionarios/operadores que tendrían
por rol principal reclutar y formar bases para sus respectivos partidos y
accesoriamente contribuir en la inscripción en los padrones. El trabajo
principal de movilización y difusión del operativo estaría a cargo de las
organizaciones migrantes y en caso que el operativo fuese un fracaso
(totalmente previsible) ellas cargarían con la culpa y responsabilidad.
La propuesta era totalmente descabellada e
inmoral, puesto que con una simple reglamentación y refuerzo del rol de los
consulados y sedes diplomáticas en el exterior, éstos podían realizar las
inscripciones en los padrones o incluso se podía extender la inscripción
automática a aquellos países en donde existían posibilidades técnicas de
hacerlo.
Importantes organizaciones de paraguayos
residentes en el exterior de Europa, Argentina y Estados Unidos, propusimos que
se utilicen vías más racionales y menos costosas al contribuyente para
realizar la inscripción en el exterior y por ende, rechazamos ese pedido de
ampliación que se hacía en nuestro nombre, pero que constituía una estafa a la
ciudadanía.
La voz de los paraguayos en el exterior se
sumó a la de los paraguayos del país, para protestar contra un Congreso prebendario
y corrupto que no representaba al pueblo sino a sus propios intereses
personales y sectarios. El movimiento de los indignados paraguayos se extendió
a distintas capitales del mundo para protestar contra la corrupción de los
parlamentarios, que ya se habían ganado sus motes de Dipuchorros y Senarratas.
Un movimiento ciudadano totalmente nuevo puso en jaque a parlamentarios que se
creían impunes y al abrigo del furor popular. Aquella memorable huida
despavorida de los parlamentarios buscando salidas laterales para evitar la
masa enardecida, quedará también en la historia de los movimientos sociales del
país.
El ejecutivo rechazó aquel pedido de
ampliación presupuestaria y las organizaciones migrantes seguimos solicitando
reglamentación del derecho al voto en el exterior y un sistema de inscripciones
en el exterior sin dilapidación de recursos públicos. Esas iniciativas fueron
sistemáticamente bloqueadas en el Congreso y marginalizadas desde la cúpula del
TSJE.
El golpe parlamentario
ratifica el golpe contra voto migrante:
El golpe parlamentario del 22 junio, fue el
momento de la revancha de la partidocracia reaccionaria ante la osadía de la
ciudadanía. En pocas semanas, después de la entronización de Franco, se
retomaron las ampliaciones presupuestarias rechazadas y comenzó la dilapidación
y repartija de fondos públicos con miras a las elecciones de abril del 2013
(que era sin duda una de las motivaciones del golpe).
Solo un ínfimo porcentaje de los electores
potenciales en el exterior logró inscribirse: 22 mil y solo en tres países
(Argentina, Estados Unidos y España). Para tener una idea y poder comparar, se
calcula que los paraguayos en el exterior son alrededor del 12% de la población
del país, o sea, unas 800 mil personas, las características de nuestra
emigración nos indican que la mayoría de estas personas está en edad de votar.
Pero hagamos un cálculo totalmente pesimista y digamos que sobre el universo de
los aproximadamente 800 mil paraguayos en el exterior, la mitad está en edad de
votar, o sea, 400 mil electores potenciales en el exterior y bien…el próximo 21
de abril, solo 22 mil de ellos y en tan solo 3 países podrá hacerlo. El resto
de los paraguayos/as en el exterior sigue relegado a la categoría de ciudadanos
de segunda categoría.
El golpe contra la ciudadanía se concretó,
una vez más, contra los emigrados, que podría tener las claves para intervenir
en el curso de la historia del país.
Si bien sabemos que en el Paraguay el
principio de la igualdad ante la ley es una ficción, con el voto en el exterior,
el Parlamento y la Justicia electoral, sientan una nueva jurisprudencia de
“desigualdad” ante la ley, excluyendo del derecho al voto a una
importante parte del electorado potencial y otorgándolo selectivamente.
Vale decir, que fuera
de Argentina, España y Estados Unidos (y en dichos países, solo para un mínimo
porcentaje): NO RIGE EL DERECHO CONSTITUCIONAL AL VOTO EN EL EXTERIOR
(art. 120).
Por tanto, con respecto al voto de los
paraguayos en el exterior, la batalla del 21 de abril de 2013 fue ganada por
los poderes fácticos y la partidocracia oligárquica. Que consiguieron excluir
de este derecho a la absoluta mayoría de los votantes del ejercicio de su
derecho constitucional.
Pero debemos mirar el tema en perspectiva,
el voto en el exterior ya está inscripto en la Constitución y fue aprobada en
un escrutinio popular y de ello se desprende, la lección a retener para el
movimiento de los paraguayos y paraguayas residentes en el exterior:
Nuestra fuerza y nuestra capacidad de
incidencia para transformar el Estado excluyente y para impulsar políticas
públicas de atención, protección e inclusión de los emigrados paraguayos, no
reposa en nuestra capacidad de sometimiento y relación clientelar con el
entramado político prebendario, sino en nuestra consolidación como un actor
social con un proyecto claro y capacidad de presión.
Nuestros aliados naturales y estratégicos
son las organizaciones sociales y ciudadanas (del Paraguay y de los países
receptores), tenemos que conseguir que nuestras propuestas sean asumidas y
defendidas por el más amplio abanico de organizaciones de la sociedad civil y
el movimiento popular. Los golpes oligárquicos que cierran o cooptan los
espacios institucionales de democracia, se vencen con organización y
movilización, no encerrados entre cuatro paredes, ante autoridades ilegítimas,
negociando migajas.
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