¿Por qué el terror a las mensuras?
La masacre de Curuguaty vino a reconfirmar que el problema en el campo tiene un motor fundamental: el origen de la gran propiedad rural en el Paraguay es esencialmente fraudulento.
Impugnación de la Contraloría contra la cesión de tierras fiscales a la empresa Campos Morombí.
La masacre de Curuguaty, ocurrida durante un irregular procedimiento en una propiedad del Estado ocupada por el empresario colorado Blas N. Riquelme y que sirvió como coartada para deponer al presidente Fernando Lugo, muestra a las claras el drama de las tierras malhabidas.
En primer lugar tal procedimiento no correspondía, pues la propiedad se hallaba en litigio y existía de por medio una impugnación de la Procuraduría General de la República por la transferencia de tierras del Indert a personas no sujetas a la reforma agraria.
La acción ordinaria de impugnación fue presentada por el procurador adjunto Abog. Juan Vicente Talavera y refiere que en fecha 6 de noviembre de 1974 el escribano público Rodolfo Scolari, socio y miembro del directorio de Campos Morombí, adquirió 1.175 hectáreas (finca Nº 258) del entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR), en la actualidad Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Luego de 5 meses este transfiere las tierras a favor de Blas N. Riquelme, acto totalmente nulo, pues se realizó contraviniendo los requisitos para ser beneficiado con tierras de la reforma agraria.
El mejor amigo de un colorado… otro colorado
Ahora bien, uno de los roles más cuestionados en la investigación oficial lo ejerce el fiscal de la causa Jalil Rachid. La afiliación colorada de Rachid genera dudas insalvables sobre su imparcialidad al estar vinculado políticamente con una de las partes y dirigir la causa exclusivamente contra los campesinos.
El padre del agente, el exsenador colorado Bader Rachid Lichi (usurpador también de tierras fiscales), fue amigo y correligionario del fallecido Blas N. Riquelme.
En la auditoría al Indert realizada en el transcurso del año 2004, y presentada al año siguiente por el Econ. Alberto Cabrera Villalba, auditor general del Poder Ejecutivo, aparece como poseedor irregular de tierras fiscales Bader Rachid Lichi, con 19 hectáreas, pero que no son nada con relación a las 1.498 hectáreas en Santa Rosa, Misiones, que reporta el informe de la Comisión de Verdad y Justicia.
Otros hechos detectados son casos de beneficiarios cuyos expedientes no obran en la institución, como el actual ministro de Industria y Comercio, Francisco José Rivas, y el abogado de los Stroessner, diputado, cónsul y director de la cárcel de Tacumbú en la época de la dictadura, Hiran Delgado Von Lepel, con 4.660 hectáreas.
Otros poseedores irregulares que figuran en la lista, en este caso por no contar con los documentos requeridos para ser adjudicado con tierras públicas (certificado de buena conducta, constancia de ser agricultor, de no haber sido adjudicado anteriormente, formulario de solicitud de compra de lotes, no realización de mensura administrativa, informe de catastro, recibos de pago, no correspondencia de datos en cuanto a extensión de propiedades), son el senador colorado Lucio Vergara, los diputados colorados José Chamorro y Juan José Vázquez, el diputado liberal Luis Carlos Neuman, entre otros ya fallecidos como el hijo del exdictador, Alfredo Stroessner Mora, el empresario Humberto Domínguez Dibb, el primer director paraguayo de Itaipú Enzo Debernardi y hasta el exdictador nicaragüense Anastacio Somoza.
Aunque parezca un pleonasmo, es preciso reiterar que el sistema de propiedad que rige actualmente en el Paraguay es heredero directo de la tiranía stronista, así como lo es también la mascarada de la transición colorada iniciada con Andrés Rodríguez, otro gran beneficiado con el reparto de tierras públicas durante el régimen que él “derrocó”. Su caso salta a raíz de que hay una diferencia en la extensión de tierras que registra el sistema de consulta del IBR y las confirmadas por el Registro General de Propiedades.
Tranquilo Favero, “el sufrido sojero a quien no le dejan trabajar”
Todos los datos anteriormente expuestos hay que estimarlos a la baja. Por ejemplo, la intervención al Indert realizada este 2012, a cargo de Emilio Camacho, trata el caso del sojero brasilero Tranquilo Favero remitiéndose solo a las propiedades fiscales que usurpa en el Chaco, sin hacer mención a la Región Oriental, donde se desarrolla el grueso del cultivo de soja, principalmente en Alto Paraná y Canindeyú.
Propiedad del Indert invadida por la empresa Toro Blanco en Mariscal Estigarribia. Fuente: Informe final de intervención al Indert 2012.
“Uno de los principales hallazgos de esta intervención es el caso de apropiación de tierras que fueron del Indert por parte de la empresa Toro Blanco. En fecha de 30 de diciembre del 2005, mediante escritura pública N° 99, unas 6 propiedades vendidas por el Indert a supuestos beneficiarios, que totalizan 37.500 ha, son transferidas como aporte de capitalización de Nezildo Marini acompañado de su esposa Odila Favero más sus dos hijos, para la empresa Toro Blanco S.A. por un monto de 5 mil millones de guaraníes”, refiere el documento.
A renglón seguido especifica que la operación se llevó a cabo el 30 de diciembre de 2005, cuando ya estaba en vigencia la ley 2.532 de seguridad fronteriza, que prohíbe la adquisición de inmuebles ubicados en la frontera por parte de personas de países limítrofes, y apenas días después de la constitución de la empresa, realizada en fecha 12 de diciembre de ese año, aparentemente con el solo fin de estafar al Estado. Estos hechos son totalmente nulos y el Estado debe proceder a recuperar esas propiedades adquiridas ilegalmente por empresas privadas.
Otras 134.453 hectáreas están en poder de Campobello SA y Santa Catalina, ambas de Tranquilo Favero. La primera con 66.000 hectáreas y la segunda con 68.453. “Estas tierras se ubican en las colonias Ñane Reta y Ñane Mba’e del INDERT y la estancia La Patria del MAG, en el departamento de Boquerón. De ellas, unas 50.000 hectáreas se hallan en la Zona de Seguridad Fronteriza”, precisa el informe.
“Estos dos casos relatados, de apropiación de tierras del INDERT por parte de las empresas Toro Blanco con 37.500 ha., Ganadera Campobello y Ganadera Forestal Santa Catalina con 134.453 ha., corresponderían al mismo grupo empresarial, quienes en la actualidad poseerían un total de 171.953 ha en el Chaco”, añade.
El ministro sin tierra
Sindulfo Blanco, ministro de la Corte (internet).
Otro “humilde campesino” beneficiado con tierras del Estado es el ministro de la Corte Sindulfo Blanco.
“Se constató que el 2 de marzo de 1987, bajo la presidencia de Juan Manuel Frutos, fue finiquitado el título de propiedad N° 132.972 sobre el lote 155 B de 2.500 ha. como Finca N° 12.644, padrón N° 564 a nombre de Sindulfo Blanco, actual miembro de la Corte Suprema de Justicia, y en la misma fecha fue expedido otro título con el N° 132.973 por el lote 155 A con una superficie de 2.500 ha., pero éste último no fue finiquitado. Dichos títulos se refieren a dos lotes, ubicados en la Colonia Ñane Mba’e, distrito de Gral. E. Garay, departamento de Boquerón.
La intervención de la Oficina Chaco, argumenta que en ese entonces, Sindulfo Blanco no reunía los requisitos para ser beneficiario de la reforma agraria, por lo tanto no se le podía haber expedido 2 títulos” (sic).
Es por todo esto, y sin duda por mucho más, que las cúpulas de los partidos tradicionales y las agroganaderas sienten terror cuando apenas se habla de mensura judicial. Si fueron capaces de montar un circo romano para voltear a un gobierno que hizo tímidos intentos por investigar las propiedades de origen dudoso, cabe inferir que estarían muy bien dispuestos a hacer llegar nuevamente la sangre al río.
El fiscal Jalil Rachid está afiliado al Partido Colorado. El agente es acusado de tener vínculos con una de las partes y de llevar el caso con parcialidad manifiesta.
El diputado liberal Luis Carlos Neuman, el diputado colorado José Chamorro, Alfredo Stroessner Mora, entre los ocupantes de terrenos fiscales. Fuente: Auditoría al IBR/Indert 2005.
- El exdictador nicaragüense Anastacio Somoza, el ministro de Industria y Comercio Francisco José Rivas, entre los beneficiados por la “reforma agraria” stronista. Esta lista corresponde a los expedientes de beneficiados solicitados en la fecha señalada por la auditoría y que no fueron proveídos. Fuente: Auditoría al IBR/Indert 2005.
El diputado colorado Juan José Vázquez, el exsenador colorado Bader Rachid Lichi, entre otros, recibieron tierras del IBR. Fuente: Auditoría al IBR/Indert 2005.
En las tierras del IBR en poder del senador colorado Lucio Vergara Ríos y Bader Rachid Lichi no se realizaron mensuras administrativas. Aparecen otros nombres como el del fallecido Humberto Domínguez Dibb. Fuente: Auditoría al IBR/Indert 2005.
Segunda parte del Tomo IV del informe de la Comisión de Verdad y Justicia sobre tierras malhabidas, en el que se consigna que Bader Rachid Lichi (pág. 69) y Andrés Rodríguez (pág. 71) fueron adjudicados con tierras de la reforma agraria.
Informe final de la intervención al Indert 2012, en el que consta que el sojero Tranquilo Favero y el ministro de la Corte Sindulfo Blanco ocupan terrenos fiscales.
Fuente: documento de trabajo del equipo de investigación del Juicio Ético al Parlamento.
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