El 26 de noviembre de 2014, el Cap. de Ingeniería Enrique Daniel Piñánez Ciancio (34) y el Subofic. de Infantería José Manuel González Ferreira (39) fallecieron trágicamente en Cuero Fresco, distrito de Horqueta, Dpto. de Concepción, al explotar un explosivo en el vehículo en que iban. Fue en medio de una operación encubierta para instalar una bomba en un campamento de la Agrupación Campesina Armada (ACA).
FUENTE: ABCcolor
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El relato de la tragedia a cargo del Gral. Herminio Piñánez Balmori, padre del Cap. de Ing. Enrique Piñánez Ciancio, fallecido en acto de servicio en confusas circunstancias, arranca así:
“En el mes de setiembre de 2013, el Cap. Ing. Enrique Daniel Piñánez Ciancio fue comisionado a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) que tenía su base de operaciones en la ciudad de Concepción. Esta fuerza estaba organizada con personal militar y policial, comandados por el general Restituto González (fue reemplazado el 5 de agosto de 2014 por el Gral. Ramón Benítez) los primeros y por el comisario general Antonio Gamarra los segundos. Su misión era combatir y neutralizar al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) que opera en la zona norte de la Región Oriental.
Desde un comienzo, esta fuerza no tuvo la cohesión necesaria para su eficaz desempeño debido a la disparidad de criterios resultante de la muy diferente formación profesional de militares y policías, a más de la dualidad de mando que en la práctica se traducía en frecuentes conflictos de carácter disciplinario. Muy pronto emergió la figura del comisario Antonio Gamarra como principal responsable de las operaciones, por su condición de jefe policial de la zona, teniendo a su disposición todas las comisarías con su equipamiento y personal que le proporcionaban informaciones y apoyo cuando fuera necesario.
El 23 de octubre de 2013, el comisario Manuel Escurra, de la Comisaría 3ª de la ciudad de Horqueta, acudió a un llamado de auxilio con sus hombres en la camioneta de la policía para verificar la denuncia de la supuesta presencia de personas armadas en cierto lugar. Al llegar al sitio indicado fueron emboscados, resultando muerto el comisario Escurra por un impacto de bala.
Para investigar lo sucedido fueron comisionados al lugar del hecho el Cap. Ing. Enrique Daniel Piñánez Ciancio con su equipo de expertos en la manipulación de explosivos (explosivistas). Encontraron varios paquetes de artefactos explosivos de fabricación casera, envueltos con cintas de embalaje y que en su mayoría no llegaron a explotar. La camioneta presentaba múltiples impactos de bala y daños por efecto de los artefactos explosivos.
Al final de su recorrido de inspección, el capitán recogió los restos de los artefactos explosivos, llevándolos consigo para un mejor análisis. Las huellas dactilares impresas en las cintas de embalaje de los envoltorios podrían servir de pista para identificar a los que los prepararon. Guardó estos materiales en su pieza y viajó a Asunción en goce de permiso. Durante su breve permanencia en la capital me confidenció su preocupación y deseo de que terminara muy pronto su comisión de servicio para estar de vuelta, debido al ambiente de desconfianza que existía dentro de la FTC. Corría el rumor de que se estaba negociando las operaciones a costa del peligro permanente a que se exponía al personal. Me contó que hubo casos en que se tenían acorralados a los supuestos delincuentes, cuando llegaba la orden de suspender la operación. Esto inquietaba mucho al personal, por arriesgar inútilmente sus vidas, sin mediar otra explicación que la obligación de cumplir las órdenes, punto.
“Es impresionante la cantidad de plata que recaudan en concepto de extorsión, protección y patrullaje” –me dijo– “La recaudación en concepto de tráfico de drogas se manejaba en otro ámbito por quienes estaban acostumbrados a este trabajo. Ninguna mercadería podía llegar a destino sin el visto bueno correspondiente”, agregó.
En una oportunidad fue portador de una encomienda para su jefe, la que por seguridad y curiosidad se animó a abrir, encontrando que contenía 40 millones de guaraníes y un papelito que decía: “Gracias por la colaboración”. Este caso lo comentó a su esposa y a su hermana, quienes, a su vez, me lo comentaron a mí. Por alguna razón se negó a identificar al remitente. Omito mencionar otros casos de corrupción que mi hijo me contó mientras estuvo en comisión en la FTC, por el asco que me produjeron en su momento, como militar retirado que soy. Avergonzado de tales hechos de inmoralidad institucional me dijo en una oportunidad –como preguntándose a sí mismo– “¿qué respaldo tan poderoso tendrán estos hombres (con referencia al general Restituto González y al comisario Antonio Gamarra) para que no se les pueda cambiar, cuando tanta gente comenta en voz alta que son ellos quienes manejan la mafia en el norte?”.
Concluido su permiso, regresó a Concepción, encontrándose con la sorpresa de que habían desaparecido los restos de los artefactos explosivos recogidos en Horqueta en el atentado que costara la vida al comisario Manuel Escurra. Informó de esta novedad al general Restituto González, quien le contestó que tales materiales habían sido retirados por el comisario Antonio Gamarra. Ante su requerimiento, Gamarra le contestó que los mismos ya fueron destruidos tras la pericia correspondiente, tras el informe final del caso.
Después de unos días fue invitado por el fiscal Joel M. Cazal para comer pescado en su casa. En dicha ocasión, entre tragos de por medio, comenzaron a hablar de muchos asuntos sucedidos en la zona de acción del EPP. En un momento dado tocaron la muerte del comisario Manuel Escurra. El capitán Piñánez le relató las evidencias e indicios que él pudo constatar en el sitio del atentado, llegando a la conclusión de que el comisario de Horqueta fue asesinado por su propio personal. El fiscal Cazal le dijo que él tuvo la misma información acerca del hecho, pero que no tuvo suficientes elementos para probarlo.
Según mi hijo, en esa reunión con el fiscal Cazal en su domicilio, le informó al mismo los negociados que se estaban realizando con las extorsiones y servicios de patrullaje de protección. En respuesta, el agente del Ministerio Público le recomendó prudencia, advirtiéndole que el comisario Gamarra era quien manejaba la mafia en los cuatro departamentos (Concepción, San Pedro, Amambay y Canindeyú) y que era un hombre peligroso. De vuelta al cuartel, al poco rato fue llamado por el general González, quien se encontraba con el comisario Gamarra. En presencia de este y de otras personas, el general González le increpó duramente su reciente conversación con el fiscal Cazal (quien, por lo visto, rápidamente les puso al tanto de las denuncias hechas por el capitán Piñánez en su domicilio). Es más, le exigió que le pidiera disculpas al comisario Gamarra por las afirmaciones en su contra, a lo que el capitán se negó. Al retirarse de la reunión, el comisario Gamarra le habría dicho: “Si volvés a pisar Concepción, sos hombre muerto”.
A partir de ese incidente, el capitán Piñánez se sintió como “controlado” en todos sus movimientos y comenzó a tener miedo, miedo de ser acribillado en cualquier operación que se realizara, pues sería fácil presentar su muerte como siendo en acción de combate. En tal sentido, fue alertado por más de un camarada de las FF.AA. El comportamiento del fiscal Joel M. Cazal con su “jaguareada” tras la reunión le hizo ver que el mismo era un cómplice o parte del grupo mafioso liderado por González y Gamarra.
Ante esta incómoda situación decidió viajar a Asunción sin notificar a nadie su partida. Me sorprendió su llegada, el viernes 15 de noviembre de 2013. Le pregunté a qué obedecía su intempestiva vuelta. Evasivamente me contestó que era para realizar algunas gestiones. Al día siguiente me dijo que iba a llevar su camioneta, pues en Concepción necesitaba un medio de movilidad. Me pidió además que le permitiera llevar como acompañante (custodio) a un personal que trabajaba para mí en la fábrica que tengo en Tobatí. “Esto es con la finalidad de que cuando llegue de vuelta a Concepción y me pregunten por mi acompañante pueda decirles que vos me contrataste un guardia privado para mi seguridad personal”, me dijo. Tras una noche en la ciudad, despachó discretamente de vuelta al personal que lo había acompañado. El lunes 18 del citado mes, se presentó a su comandante, el general González. Este, en presencia del personal en formación volvió a observarlo en duros términos, pidiéndole que le entregara la llave de la camioneta que tenía en su poder, a lo que el capitán se negó, alegando que ese vehículo era de su propiedad particular.
Acto seguido le ordenó que se retirara de su presencia y que fuera a presentarse en la guardia en calidad de arrestado, agregando en alta voz: “Desaparezca de mi vista, no quiero verle nunca más cuando yo aparezco; como una rata tiene que desaparecer de mi vista”. Tras el altercado con su comandante, el capitán Piñánez se dirigió a su cuarto a cumplir el arresto ordenado por el mismo. Ahí se le acercó un camarada, quien le dijo en guaraní: “Hoy tenés que desaparecer de aquí; esta gente te va a matar”.
Esa noche cargó sus pilchas y con su metralleta en el asiento del acompañante salió con destino a la Capital. Al día siguiente llegó a la casa de su hermana ubicada en Mariano R. Alonso, donde permaneció tres días sin salir, sin que yo ni sus demás familiares lo supiéramos. Al tercer día de su regreso se presentó al comandante del Ejército, Gral. Luis Gonzaga Garcete, a quien informó lo sucedido con él en Concepción, incluida la amenaza de muerte proferida por el comisario Antonio Gamarra. El comandante del Ejército le ordenó que presentara un informe escrito al respecto, presentado el cual, lo rechazó por comprometer exclusivamente a los dos jefes mencionados. Presentado un segundo, según lo recomendado, el general Gonzaga Garcete le concedió una semana de permiso, con orden de presentarse de vuelta a su destino reglamentario como instructor de la Escuela de Información del Ejército que funciona en Asunción.
En marzo de 2014, el capitán Piñánez fue comisionado a los Estados Unidos de América para realizar un curso de Operaciones de Ingenieros. De vuelta al país, se reintegró a su tarea de instructor en la Escuela de Informaciones del Ejército. Un día llega a casa y me dice: “Papá, voy a viajar a Concepción para un trabajo de inteligencia. No te preocupes, estaré trabajando en oficina y no participaré en ningún tipo de operación. Para eso me voy vestido de civil. Estaré de vuelta el miércoles 26”. Nada le respondí, pues él se me adelantó en el sentido de tranquilizarme, habida cuenta de mi preocupación por su vida en aquella zona de cara a la amenaza que había recibido.
El 23 de noviembre de 2014 le esperábamos para almorzar en casa de su hermana en Mariano Roque Alonso. A las 11:30 de ese día llamó para avisarnos que saldría enseguida hacia Concepción. Me llamó el lunes 24 y el martes 25 para contarme que estaba trabajando en la oficina sin ningún problema y que quedara tranquilo. Este fue el último contacto que tuve con él. El martes 25 se comunicó con su esposa, contándole que había terminado su trabajo, pero que su regreso dependía de “ellos”. Al día siguiente, su última llamada fue a su hermana Gloria, a las 16:15 aproximadamente. Entre otras cosas le dijo: “Aquí ya terminamos nuestro trabajo; hace mucho calor, por lo que voy a tomarme una ducha y descansar un poco, luego te llamaré de nuevo a las 19:00 para hablar con más tranquilidad”. Esa llamada nunca llegó. Solo la de la triste noticia de su trágica muerte en Cuero Fresco, localidad ubicada cerca de la ciudad de Horqueta, en el departamento de Concepción.
No lo digo yo, lo han dicho sus camaradas, subalternos y superiores: el capitán Enrique Piñánez Ciancio era un oficial profesionalmente calificado, apreciado y respetado por quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo en el servicio y fuera del mismo, como un brillante oficial subalterno. Como persona era más apreciado todavía. Tenía personalidad. Estaba conceptuado como el mejor explosivista de las FF.AA. Su paso por la escuela del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos consolidó su formación profesional y su compromiso con el deber de servir a las FF.AA. y a su patria. Complementaba su idoneidad como oficial de Ingeniería con un curso de inteligencia militar hecho en Brasil. Era también paracaidista. El general Ramón Benítez, quien reemplazó en el cargo de comandante de la FTC al general Restituto González, lo conocía de cerca como excelente oficial explosivista, así como su jefe de Estado Mayor, el coronel Héctor Grau, con quienes ya había tenido oportunidad de trabajar y quienes le tenían gran confianza profesional. Así las cosas, ambos le convencieron para que fuera a colaborar con ellos en la delicada tarea de inteligencia en la lucha contra los grupos criminales del EPP y ACA en la zona norte del país. Le aseguraron que su comandante, el director del Curso de Inteligencia del Ejército, coronel Aldo Ozuna, no opondría ningún reparo a su comisión de servicio.
De hecho, ningún personal militar puede ausentarse de la unidad donde presta servicio sin la autorización de su comandante reglamentario, ni este tiene la autoridad de por sí disponer tal medida, por lo que yo, su padre, como general retirado del Ejército, creo que la comisión de servicio de mi hijo a la FTC tuvo que ser debidamente autorizada por el comandante del Ejército y que tal autorización tuvo que haber sido debidamente documentada, de conformidad con los procedimientos reglamentarios. Por eso, tras el trágico fallecimiento de mi hijo, he quedado desconcertado, en razón de que sus superiores directos no han sabido –o querido– darme detalles de los procedimientos burocráticos por los cuales el capitán Piñánez apareció envuelto en la enigmática operación, supuestamente encubierta, llevada a cabo por la FTC, con la cooperación de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), que acabó con la muerte de mi hijo en circunstancias nunca aclaradas hasta ahora por los responsables que la planearon y autorizaron su ejecución.
En tal sentido, tampoco ha sido aclarada a la opinión pública quién es el superior directo del comandante de la FTC. Por tratarse de una fuerza híbrida de policías y militares y dada la injerencia del ministro del Interior en la misma, es de suponer que el comandante de la misma responde directamente al Presidente de la República, como Comandante en Jefe de las FF.AA. de la Nación y no al comandante de las Fuerzas Militares, como cabría suponer en el caso de que estuviera compuesta exclusivamente de efectivos militares.
Presuponiendo que no haya mediado una orden directa del Presidente de la República para la ejecución de la extraña operación en la que perdió la vida mi hijo, los responsables de la misma son el comandante de la FTC, general Ramón Benítez, su jefe de Estado Mayor, el coronel Héctor Grau, y el comandante de la Escuela de Informaciones del Ejército, coronel Aldo Ozuna, quienes dispusieron irregularmente su comisión para tomar parte de una operación militar encubierta de dudosa legalidad y eficacia. Confieso con total franqueza que solo después de ocurrida la trágica muerte de mi hijo en ese oscuro episodio, me he dedicado a indagar acerca de la criminal chambonada elucubrada por estos “estrategas” de la FTC. Reitero, los responsables del luctuoso suceso que costara la vida a mi hijo y a su ayudante son en este orden: General Ramón Benítez, coronel Héctor Grau, Luis Alberto Rojas, ministro jefe de la Senad, y el comisario Francisco Resquín, jefe de Policía Antisecuestro, porque son quienes planearon y autorizaron la ejecución de la fallida operación.
Al día siguiente del trágico suceso, 27 de noviembre de 2014, su esposa me dijo entre sollozos: “A Dani le mataron con la misma bomba que le hicieron preparar”. Seguido me relató lo que él le había dicho el 23, mientras se alistaba para viajar a Concepción: “Es importante que te cuente lo que voy a hacer, porque es una operación delicada y riesgosa. A pedido del general Ramón Benítez, comandante de la FTC, me voy para armar una bomba a ser detonada a distancia. Esa bomba se va a introducir en el campamento de los delincuentes y hacerla detonar entre ellos. Para esta operación ya tienen comprometida a una persona infiltrada entre los delincuentes, a quien ya le adelantaron 50 millones de guaraníes y la compra de una casa. Esta persona es un suicida que va a morir con la explosión”. Su esposa le dijo que sería conveniente que me contara a mí, su padre, acerca de la misión que iba a cumplir, a lo que él guardó silencio.
Tras el terrible suceso, me trasladé a Cuero Fresco, sitio del atentado, para conversar con el coronel Héctor Grau acerca de las circunstancias en que se produjo la espantosa tragedia. Tras orar sobre el monolito erigido en el sitio en que murió mi hijo, me dirigí al asiento del Batallón de Ingeniería N° 3, en construcción, ubicado en Arroyito, distante 10 kilómetros del lugar de la tragedia. El comandante del Batallón, Héctor R. Fernández, me relató los pormenores que le tocó constatar en la noche del atentado que costara la vida al capitán Piñánez y al suboficial José M. González. Me dijo que no tuvo ninguna participación en la operación, ni tuvo el menor conocimiento de la misma, aunque fue requerido con posterioridad por los responsables, como explosivista que era, para encargarse de los restos de la trampa explosiva yacentes dentro del vehículo destrozado y esparcidos fuera del mismo, a fin de resguardar la seguridad de las personas intervinientes en el suceso. El coronel Fernández me proporcionó el número del teléfono celular del coronel Grau. Lo llamé y concertamos un encuentro en el Batallón de Ingeniería a las 14:00 horas de ese día.
Ínterin aguardaba la llegada del coronel Grau, llegué hasta la vivienda más próxima al sitio del incidente, situada a unos 200 metros de donde ocurrió la explosión, sobre la ruta a Concepción. Su propietario, un señor de nombre Pascual Quevedo, me relató lo que le tocó constatar el día del suceso: “Eran las 20:00 aproximadamente, cuando mis perros comenzaron a ladrar. Salí para ver lo que les alarmaba, observando que un vehículo se encontraba estacionado sobre la banquina de la ruta, con las luces prendidas. No le presté mucha atención, retornando dentro de la casa para ver el programa de TV del presentador Óscar Acosta. Un rato después se produjo una tremenda explosión que sacudió mi casa, moviendo los objetos colgados de las paredes. A los tres o cuatro minutos después de ocurrida la explosión empezaron a llegar al sitio vehículos con gente uniformada, que tras observar lo ocurrido se retiraron del sitio gritando: “no se vuelve para atrás, no se vuelve para atrás…”. Atenido a lo dicho por el señor Quevedo, concluí que sus perros comenzaron a ladrar cuando los acompañantes del capitán Piñánez y del suboficial González salieron huyendo de la camioneta, antes de la explosión, pasando por frente a la casa del señor Quevedo.
Cuando llegó el coronel Grau al asiento del Batallón de Ingeniería, nos reunimos a solas para escuchar su relato acerca de cómo había sucedido el hecho en que perdió la vida mi hijo. Según su relato, tuvieron información de inteligencia de que un cargamento importante de explosivos estaba saliendo de Vallemí hacia Pedro Juan Caballero para los grupos de delincuentes que operaban en la zona. Entonces ellos (FTC) contactaron con el proveedor de dichos materiales (a quien dieron el nombre en clave de “hombre logístico”) por intermedio de un informante de la Policía Antisecuestro, cuyo nombre en clave era “Tacuara”, haciéndole ofrecer mejor paga por la carga de explosivos que los criminales le ofrecían, con la condición de introducirla en el campamento de los forajidos y hacerla explotar. Vale decir, se convino que el proveedor de explosivos (hombre logístico) supuestamente iba a traicionar a su propio grupo, para cuyo efecto ya se le había adelantado la suma de G. 50 millones y la compra de otros bienes para su beneficio. Este individuo sería un suicida dispuesto a morir con sus compañeros con la explosión del campamento.
Pues bien, para esta operación se necesitaba armar una poderosa bomba con dispositivo para ser detonada a distancia. Para ese trabajo fue llevado el capitán Enrique Piñánez, quien estuvo en Concepción durante los días 24 y 25 de noviembre armando el artefacto explosivo y probando el dispositivo de detonación a control remoto. El día 26, poco antes del acto de entrega de los materiales, el coronel Grau se comunicó con el capitán piñánez quien le informó que la bomba estaba lista. “Entonces les di la autorización para proceder a la operación, conforme con el plan preestablecido. Me crucé con él y su equipo cuando se dirigían hacia el punto de entrega, rumbo hacia Concepción, mientras yo me dirigía hacia Yby Yaú. Cuando recibí la noticia de la explosión, en 7 minutos estuve en el sitio y lo primero que pregunté fue ¿dónde está el capitán Piñánez?”.
Según el parte policial correspondiente, siguiendo la Ruta V Yby Yaú-Concepción, a 80 kilómetros de esta última ciudad, en el lugar denominado Cuero Fresco, se encontraba el “hombre logístico” en una motocicleta, esperando la carga. Se acercaron a él, y una vez reconocido por el informante (Tacuara) estacionaron la camioneta en la banquina y bajaron todos los ocupantes, en total cuatro. Los explosivistas (el capitán Piñánez y el suboficial González) hacia el lado donde estaba el hombre logístico con su motocicleta y el conductor con el informante (Tacuara) hacia el lado izquierdo de la camioneta, alejándose rápidamente del lugar mientras los explosivistas hacían entrega de la bomba con su detonador. El “hombre logístico” recibió la bomba con su detonador, conforme a lo planeado. Este bajó de vuelta el bolso que contenía el material para arrancar su motocicleta y, sorpresivamente, partió a toda velocidad del lugar y a los pocos segundos de su partida se produjo la explosión. La explosión desintegró a los explosivistas esparciéndose sus cuerpos a 50 metros a la redonda del centro de detonación.
Resulta evidente, entonces, que el asesinato del capitán Enrique Piñánez y del suboficial José M. González fue planeado al interior de la FTC y cumplido a cabalidad por los hombres encargados de conducirlos a la boca del lobo y que prestamente se alejaron del vehículo para no ser alcanzados por la explosión que ellos sabían de antemano que iba a ocurrir. De lo contrario, hubiesen permanecido tranquilamente junto a los explosivistas hasta que se retirara el hombre logístico de la motocicleta a quien ellos habían reclutado para trasladar la bomba y hacerla explotar en el campamento del grupo criminal.
De que había un entendimiento secreto para el atentado entre Juan M. Jara, conductor de la camioneta de la Senad, y el informante de la Policía, “Tacuara”, con el “hombre logístico” no cabe dudas, pues este último esperó el tiempo suficiente para que sus dos cómplices se alejaran lo suficiente antes de accionar el detonador de la bomba que acabó con la vida del Cap. Piñánez y el SO González, los únicos por completo ajenos al complot tramado en su contra.
A seis meses de este cobarde atentado contra el capitán Enrique Piñánez y su ayudante explosivista, José González, el único testigo presentado en la causa es el agente de la Senad quien fungía como conductor del vehículo siniestrado y que recibió una leve lesión producida por una esquirla de la bomba. El informante de la Policía, “Tacuara”, nunca dio la cara en el proceso de investigación abierto en la causa. Ambos son los principales sospechosos del vil asesinato. Por alguna poderosa razón, ni el comandante de la FTC, ni la Policía, jamás dieron a conocer la identidad del informante “Tacuara”, pese a ser alguien por ellos reclutado para urdir el atentado, al menos si ya no lo han silenciado para siempre.
He tenido testimonio fidedigno de fuente que en el momento oportuno estoy dispuesto a identificar de que el subjefe del grupo de la Policía Antisecuestro estuvo con el motociclista (hombre logístico) en el sitio de la explosión poco antes de la llegada del capitán Piñánez y su gente al lugar y que se retiró diciéndole a este en guaraní: “tahána che porque ñanderetáma ko’ápe” (Es mejor que yo me vaya; ya somos muchos aquí).
El coronel Héctor Grau reconoció ante mí su responsabilidad por haber propiciado la comisión del capitán Piñánez a la FTC para la acción que le costó la vida. Pero su franqueza no eximirá a su conciencia –si es que la tiene– de la responsabilidad de haberlo llevado a la muerte a un camarada leal y consecuente como fue mi hijo. He esperado pacientemente hasta el día de hoy que los altos mandos de las FF.AA. asuman sus cuotas de responsabilidad ante la nación por la muerte de un oficial capaz, digno y patriota que confiado en la lealtad y responsabilidad de sus superiores ofrendó su vida por el bien de la sociedad y de las FF.AA. Lamentablemente, a seis meses de su trágica muerte, ningún superior ha tenido la hidalguía de interesarse por el caso, ni por la suerte de su familia; cobarde indiferencia notada ya en ocasión del velatorio de sus restos mortales en el casino de oficiales del Ejército y de su inhumación.
Peor aún que el agravio de indiferencia hacia mi hijo, es la inexcusable tolerancia demostrada hasta ahora por el Comandante en Jefe de las FF.AA. y los altos mandos militares con la corrupción que campea al interior de la FTC. También tienen deuda de gratitud con la población pobre de los departamentos donde se enseñorean los grupos criminales del EPP y ACA. Los compatriotas de la zona norte de la Región Oriental de nuestro país no merecen el olvido a que se los ha relegado desde siempre, las más de las veces por necias cuestiones políticas reminiscentes de los tiempos de la dictadura, antes que por carencia de recursos.
Esa región tan rica e importante de nuestro país se ha convertido en zona apetecible para los delincuentes adonde acuden como aves de rapiña en procura de su presa. La FTC organizada por el Gobierno, seguramente con la mejor buena predisposición, para combatir a los grupos mafiosos y criminales que han convertido a la región en coto de caza, hasta ahora no consigue cumplir con la misión institucional que se les ha encomendado. Contradictoriamente, siendo los pobladores los más afectados por la delincuencia rampante, no colaboran con la FTC, observando con indiferencia y hasta con hostilidad su accionar debido a la poca confianza que la misma les inspira.
Sucede que ninguna persona se animaría a denunciar ante las autoridades competentes los apremios ilegales a que son sometidos rutinariamente (extorsiones) por temor o desconfianza hacia las mismas por la corrupción con que actúan. Mi hijo, el capitán ingeniero Enrique Daniel Piñánez, cometió el error de confiar en el fiscal Joel M. Cazal, primeramente, y en el general Luis Gonzaga Garcete, comandante del Ejército en aquel tiempo, con posterioridad, poniendo en conocimiento de los mismos los negociados que se hacían desde la misma FTC en la que prestaba servicio. Las autoridades gubernamentales responsables por la seguridad ciudadana debieran replantear la lucha contra el crimen organizado combatiendo primeramente la corrupción al interior de la fuerza pública. Considero que las FF.AA. no son las más adecuadas para combatir la delincuencia. Utilizándolas para tal fin las expone al fracaso y al consiguiente desprestigio institucional ante los ojos de la ciudadanía. Las FF.AA. son una institución organizada, entrenada y equipada para capturar o eliminar a una fuerza enemiga bien identificada y localizada, antes que a un enemigo escurridizo y de accionar impredecible.
La FTC, organizada con base en grupos disímiles (militares, policías y Senad) carece de disciplina y espíritu de cuerpo, está supeditada a las informaciones proporcionadas por los agentes encubiertos de la Policía Antisecuestros y de la Senad distribuidos en la zona. Estos agentes –en su mayoría pobladores de la zona y/o delincuentes prófugos de la justicia– actúan como agentes dobles, de conformidad con sus intereses, circunstanciales y permanentes. Como resultado de esta promiscuidad en el proceso de búsqueda de inteligencia la FTC, planea sus operaciones con base en datos y factores falsos que conducen a resultados negativos, como la descabellada operación encubierta en la que perdieron la vida mi hijo y su ayudante, el suboficial José M. González. Este criminal bochorno presenta de cuerpo entero a los informantes de la FTC como vulgares delincuentes que por dinero son capaces de extorsionar y matar a cualquiera.
En la zona norte de nuestro país ya no son el EPP o la ACA los facinerosos que actúan en la forma conocida. En la medida que pasa el tiempo y se prolonga la ineficaz actuación de la FTC, van apareciendo más gavillas de delincuentes, algunas de ellas organizadas bajo la encubierta protección de los grupos componentes de la FTC, como sucediera en Colombia con las fuerzas paramilitares organizadas por las propias fuerzas de seguridad del Estado, supuestamente como aliadas para combatir a las FARC. Poco a poco estos grupos marginales logran un modus vivendi con los grupos de policías y agentes de la Senad que integran la FTC, compartiendo los beneficios provenientes de sus extorsiones y de la protección que brindan a los cultivadores y traficantes de marihuana de la zona.
De ahí que a menudo las informaciones brindadas a la opinión pública por el vocero de la FTC con relación a sucesos relacionados con acciones criminales del EPP o ACA son falseadas. Como ejemplo podemos citar el caso del secuestro y asesinato de la pareja de empresarios alemanes que visitaban su estancia en la zona de Azote’y. Según el vocero de la FTC, los mismos fueron muertos con disparos de pistolas calibre 9mm. Por su parte, el EPP hizo saber públicamente que eso era mentira. Que ellos utilizan armas largas y que la pareja alemana cayó abatida en medio de fuego cruzado entre ellos y elementos de la FTC. ¿A quién creer?
La organización criminal secreta montada por el general Restituto González y el comisario Antonio Gamarra denunciada por el capitán Enrique Piñánez en su oportunidad continúa intacta y en funcionamiento hasta hoy día. Tal vez a eso hizo velada alusión el destituido comandante de la FTC, general Ramón Benítez, cuando dijo que dentro de la FTC existía un “comando paralelo” que trababa su autoridad para hacer bien las cosas. Obviamente, como era de esperar, sus superiores jerárquicos desmintieron categóricamente tal posibilidad.
Por tanto, no resulta descabellado afirmar que se podrán cambiar cuantas veces se quiera a los responsables de la conducción de la FTC, pero con el mero relevo de cúpulas no se va a lograr extirpar el núcleo mafioso enquistado dentro de ella y que malogra su capacidad operacional para capturar o abatir a las gavillas marginales que proliferan en la zona norte del país.
El “saneamiento” institucional de las fuerzas de seguridad desplegadas en la región debe empezar con una exhaustiva investigación de las circunstancias que rodearon al planeamiento y ejecución de la fallida operación encubierta en que perdieron la vida mi hijo, el capitán Enrique Piñánez, y su ayudante, el suboficial José M. González, por más de que supuestamente el Comandante en Jefe haya ordenado absoluto silencio sobre las circunstancias que rodearon al trágico suceso, luego de que fuera informado a cabalidad sobre los pormenores del mismo. La inacción e indiferencia hasta ahora demostradas para el esclarecimiento de este alevoso crimen que costó la vida a mi hijo no puede interpretarse sino como un encubrimiento en el más alto nivel del Gobierno. Obviamente, con la finalidad de proteger a los culpables del terrible hecho, aunque a costa de la dignidad y tradición de las gloriosas FF.AA. de la Nación.
Esta enigmática inacción institucional expone a la institución militar a severo cuestionamiento por parte de la sociedad paraguaya, así como de sus esforzados miembros. Este escándalo daña también el prestigio y la imagen institucional de las FF.AA. paraguayas ante los ojos de la comunidad internacional que en más de una oportunidad ha ridiculizado la llamativa inoperancia de un glorioso Ejército que supo batirse con supremo heroísmo en dos guerras internacionales en defensa de la Patria.
Los responsables
En su relación de los hechos, el general Herminio Piñánez Balmori acusa como responsables de la muerte de su hijo a varios: “(...) los responsables del luctuoso suceso que costara la vida a mi hijo y a su ayudante son en este orden: General Ramón Benítez, coronel Héctor Grau, Luis Alberto Rojas, ministro jefe de la Senad y el comisario Francisco Resquín, jefe de Policía Antisecuestro, porque son quienes planearon y autorizaron la ejecución de la fallida operación”.
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