El
juez de primera instancia en lo civil y comercial, laboral, niñez y
adolescencia de Horqueta, Abg. Julio César Areco Silva, ordenó un
desalojo de 14 familias de una propiedad de 140 has. según el actuario judicial
quien acompañó el procedimiento, las 14 familia estaban ocupando el lugar desde hace un año y seis
meses, y contaban ya con luz eléctrica ,
y en la mañana del día lunes 01 de julio a las 07 hs comenzó la destrucción
de las viviendas con mazo de hierro entre maderas e varillas de hierro, sus casas de madera y techo de eternit, los campesinos manifestaron que el INDERT les
ubicó en ese lugar, ASENTAMIENTO SAN ISIDRO DE PUNTA PORA ÑU, COLONIA SAPUCAI DEL DISTRITO DE YBY YAU .
La directora
del INDERT Abg. Sisinia Silva manifestó que el lugar ocupado por los
campesinos es propiedad del INDERT y que algunos ya están pagando por su
tierra y esto es un atropello a los derechos de los campesinos, que con
esta orden, del Juez de Horqueta, fueron pisoteados sus derechos, porque la
tierra les pertenece. Los campesinos que fueron desalojados se instalaron en
precarias carpas en el mismo predio, y dijeron que no abandonarían el lugar
porque la propiedad les pertenece.
Los campesinos
hablaron con la señora Rufina Fernández Almada si es cierto que ella era la
mandante del desalojo, a lo que respondió que ella no sabía nada, sin
embargo, se pudo constatar que en el acta de procedimiento figuraba el nombre
de la misma como la demandante.
El procedimiento
estuvo a cargo del comisario principal Ricardo Caballero de Concepción.
Al día
siguiente, el mismo Juez que ordenó el desalojo, firmó otra orden, dando, a los
campesinos, el derecho de volver a ocupar sus casas.
Las
fotos son más que elocuentes, las viviendas de estos trabajadores rurales
fueron sumariamente destruidos, dejándolos inhabitables. Reconstruirlos costará
mucho dinero y sacrificio, la pregunta es: ¿Quién pagará esos perjuicios? ¿Quién
resarcirá a los campesinos por los daños? (incluidos los daños psicológicos
causados en los niños que presenciaron la destrucción de las casas, cosa que no
se paga con dinero)
La pregunta
del millón es ¿Quién está detrás de esta orden?, De todo lo que pude entender,
la señora Rufina solo fue un prestanombres, (lo que no le quita su cuota de
culpa) incluso puede ir a parar a la cárcel si se comprueba que la firma del
acta de denuncia es de ella. Si bien el comisario actuó por orden del juez
Areco y no hizo más que cumplir una orden emanada de un Juez (no digo
competente, porque de hecho no lo es) a mi modesto entender el comisario debió
interiorizarse mejor de los antecedentes del caso, preguntar a los campesinos
sobre la situación. Por lo que se puede entender ni siquiera hubo un aviso a
los campesinos de que se haría tal desalojo.
Vuelvo
a preguntar ¿Quién está detrás de este desalojo?
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